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"nada de qué preocuparse": dice Aureoles

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El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, consideró que no hay “absolutamente nada” de qué preocuparse tras la aparición de mantas en varios municipios en las que se anunciaba la presunta aparición de una nueva agrupación criminal.

“Los expertos dicen que cuando empiezan a aparecer este tipo de eventos sólo reflejan la debilidad y lo que se ha reducido algún grupo de estos”, dijo en entrevista con la periodista Adela Micha.

La colocación de mantas ocurrió este fin de semana en los municipios de Zamora, Jacona, Santiago Tangamandapio y Lázaro Cárdenas, con mensajes adjudicados a grupos armados y del crimen organizado que se dicen de nueva creación.

Sin embargo, el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, reveló que los autores de estos mensajes no son grupos criminales de nueva creación, sino las mismas células que han operado en los últimos años en la entidad.

Asimismo, confirmó la detención de 10 personas relacionadas con estos hechos.

Al respecto, Aureoles dijo esta mañana que en cuanto aparecieron las mantas fueron detenidos las que colocaron.

“Lo importante es que tenemos la capacidad como estado de actuar de inmediato y ubicar de qué se trata y eso le puede dar mucha certeza y confianza a la población”, dijo.

Agregó que están procesando la información para ver quiénes están atrás, “o si es solamente una bromita o un hecho para llamar la atención, pero nada de qué preocuparse, absolutamente nada”.

Violencia sistemática contra las mujeres en Jalisco

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En Jalisco hay una violencia sistemática contra las mujeres, esa es la conclusión general del diagnóstico realizado por un grupo interinstitucional y multiacadémico convocado por el gobierno del estado y cuyos resultados serán presentados este lunes al Ejecutivo estatal, que en los siguientes días emitirá una Alerta de Violencia contra las Mujeres.

“En términos generales, el diagnóstico concluye que hay una violencia sistemática en todos los espacios de la vida pública y aquellos que se encuentran entre la vida pública y lo privado, como escuelas, trabajo, calles o parques”, explicó Erika Loyo, titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) y quien se ha encargado de coordinar el trabajo de diagnóstico.

Según el documento, desde 2012, cuando se registraron 154 homicidios contra mujeres, se ha mantenido una constante que preocupa, pues en ningún año hay menos de 130 casos.

Esta violencia se concentra principalmente en ocho municipios del estado: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca.

“El municipio de Ameca presenta un grado significativo de casos de violencia sexual y se encuentra únicamente por debajo de Lagos de Moreno en feminicidios, lo que motivó encaminar el estudio y análisis de su contexto a fin de incluirlo como zona de riesgo que amerita atención especial”, señala el documento.

Sin embargo, este análisis no sólo se centró en los feminicidios, sino en todo tipo de violencia contra las niñas y mujeres, en las denuncias interpuestas, en casos de violencia sexual y los casos de violencia comunitaria, explicó Loyo.

Consideró que esto permitirá emitir una alerta estatal que, a diferencia de las alertas nacionales para los estados de México y Morelos, trazará una ruta de trabajo que involucre a los tres niveles de gobierno y los tres poderes del estado con el fin de implementar medidas urgentes, medidas de protección, de seguridad, de prevención y acceso a la justicia.

Otro de los aspectos preocupantes que se muestran en el análisis es la violencia que ocurre en los hogares: “al efectuar un comparativo entre las denuncias por violencia intrafamiliar de 2008 a 2012 nos da un total de 18 mil 561, sin embargo, se emitieron en ese mismo lapso 5 mil 122 órdenes de protección, lo que nos habla de un desfasamiento entre ambas variables, lo que se traduce en desatención, desconocimiento e incluso negligencia, o lo que es lo mismo, violencia institucional”, señala el documento.

Al respecto, la titular del IJM asegura que en este trabajo se ha dado un gran peso al diseño de políticas públicas de prevención que tengan un enfoque en seguridad ciudadana y perspectiva de género.

Aunque el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, ya conoce los resultados del diagnóstico y ha decidido emitir la alerta para comenzar a implementar las acciones para combatir este problema, la mañana de este lunes, en una sesión a puerta cerrada, se presentarán las conclusiones al titular de la Secretaría General de Gobierno, Roberto López Lara.

“La alerta estatal es integral, a diferencia de lo que ha pasado en otros estados, en Jalisco se ha hecho un proceso implicativo por parte del gobierno estatal en todo el proceso para abrir todos los espacios a la investigación (…) hay que hacer de esto una causa común porque si no lo hacemos así el asunto no podrá solucionarse; no es un asunto sólo del gobierno, sino de la sociedad, para visibilizarlo y desnaturalizarlo”, afirmó Loyo.

Además de dar a conocer sus conclusiones, el grupo que realizó el diagnóstico hará propuestas de solución e indicadores que se han integrado a una agenda concreta que cuatro meses después de la emisión de la alerta pretende generar los primeros “productos”.

“Después un año se hará una evaluación de esto y se corregirá lo que se tenga que corregir; el reto es que en los tres años que le restan a esta administración se pueda incidir en lo estructural con una serie de políticas públicas que impacten”, dijo la funcionaria.

El grupo que realizó este trabajo está integrado por cinco representantes de la academia —Guadalupe Ramos (UdeG), Pablo Moloesnik (UdeG), Raquel Partida (UdeG), Patricia Ortega (UdeG) y Ana Gilda Lozano (ITESO)—, personal de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Salud del estado; además, se invitó como observadores del proceso al Instituto de Transparencia e Información Pública, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Llega Mandó Único a Cuernavaca

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Por indicaciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong , el edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, firmó un convenio con el comisionado estatal de Seguridad Pública, Jesús Capella, para permitir que la policía de Mando Único (MU) asuma el control de la seguridad en el municipio.

Con ese acuerdo, Blanco Bravo desechó una de sus premisas de campaña política cuando prometió que no aceptaría la incursión del Mando Único en Cuernavaca por el cúmulo de abusos de los elementos policiales.

Blanco negó que la firma del convenio signifique una traición a los electores pues, dijo, “se privilegió la seguridad”. No obstante, destacó la próxima instalación de un módulo de quejas para recibir las denuncias de las víctimas que sufran algún abuso de parte de los elementos policiales.

Explicó que el convenio con la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) tendrá una duración de tres años, lo que coloca a la capital del estado como el primer municipio en alojar el MU en un trienio, mientras que la mayoría de los convenios se realizan sólo por un año.

A cambio de la firma, el edil dijo que el ayuntamiento volverá a constituir la Policía Turística y tendrá injerencia en la Policía de Tránsito, y subrayó que habrá cero tolerancia a la corrupción entre los elementos policiacos.

Capella dijo que 60 de los 577 elementos de Cuernavaca serán dados de baja por incumplir con los exámenes de control y confianza que exige la Comisión Nacional de Seguridad para pertenecer al Mando Único.

“Este convenio allana aspectos administrativos; el comandante Marco Antonio Lara Olmos será nombrado, en los próximos días, secretario de Seguridad Ciudadana y la nómina, como en todos los ayuntamientos, correrá a cargo de la administración local”, explicó Capella.

El comandante Lara Olmos es el mismo que fue desplazado, la madrugada del 1 de enero, por el edil Blanco Bravo y el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos de la Rosa Segura, al tomar el control de las instalaciones oficiales y de la seguridad en la capital del estado.

La mañana del 4 de enero, el MU retomó el control de la seguridad en Cuernavaca, y otros 14 municipios, mediante la emisión de un decreto gubernamental luego del asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota.

El gobernador argumentó que de esa manera se atajaba el regreso de los cárteles de Los Rojos y Guerreros Unidos, que pretendían aprovechar el asesinato de la alcaldesa para retomar el control de la policía.

La ocupación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue calificado por Blanco como un “golpe de Estado al ayuntamiento” y divulgó que presentaría una controversia constitucional para impugnar el decreto gubernamental, pero nunca lo hizo.

Días después su secretario de Seguridad presentó su dimisión porque no presentó los exámenes de control y confianza exigidos para el cargo.

El acercamiento.

El recelo de Blanco contra el MU comenzó a disiparse el 7 de enero cuando el gobierno federal le asignó escolta militar y aceptó mantener una coordinación con el gobierno estatal y federal en materia de seguridad pública, y dejó al primero la responsabilidad en Cuernavaca.

En un comunicado habló de construir puentes de compromiso mutuo con el gobierno morelense y ratificó su promesa de que la seguridad de Cuernavaca genere un clima de estabilidad, desarrollo y tranquilidad.

El ex futbolista sepultó así la confrontación verbal que mantuvo con Graco Ramírez desde que el Mando Único ocupó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca.

El gobernador adujo que los colaboradores del alcalde estaban vinculados al crimen organizado.

Un día después el edil envió mensajes de paz y propuso una Policía Mixta coordinada, pero su planteamiento no fructífero.

Eliminará SAT declaración anual de clientes y proveedores

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que a partir de este año se elimina la declaración anual de clientes y proveedores, conocida como la forma oficial 42.

En un comunicado, el órgano recaudador del País detalló que la medida trata de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

La decisión del fisco fue posible por la información que contienen las facturas y a la contabilidad electrónica que presentan los contribuyentes, detalló.

En la Declaración conocida como Forma Oficial 42 se asentaban, entre otros, los siguientes datos: Nombre, RFC y domicilio, de los clientes y proveedores con los que se hubieran tenido operaciones superiores a 50 mil pesos y el monto de dichas operaciones.

De acuerdo con el SAT, se recibieron 117 mil 390 declaraciones anuales de este tipo el año pasado, por lo que al eliminar el envío de esta información los contribuyentes agilizan los tiempos y procesos y disminuye el costo del cumplimiento.

“Estas medidas de simplificación son posibles gracias al empleo de la tecnología que implementa el SAT en el ánimo de lograr que, para los contribuyentes, el cumplimiento de sus obligaciones sea fácil y rápido”, abundó la autoridad fiscal.

Desde el portal del SAT, los usuarios pueden consultar, a partir de mañana lunes 8 de febrero, la regla de miscelánea fiscal que exime a los contribuyentes de esta obligación.

Pedirá PGR desafuero de "Chapodiputada"

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A más tardar el lunes la Procuraduría General de la República (PGR) solicitará al Congreso de Sinaloa el desafuero de la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, con el objetivo de vincularla a proceso por el uso de documentos oficiales falsos, con los que se acreditó para visitar en abril de 2015 a Joaquín “El Chapo” Guzmán en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

La procuradora Arely Gómez González dio a conocer que aunque la legisladora Sánchez López niegue que conoce al líder del Cártel de Sinaloa, se tienen las pruebas suficientes que demuestran sus vínculos, por lo que confió en que se inicie con la declaración de procedencia contra la legisladora.

Entre las evidencias están grabaciones de su ingreso al penal cuando pretendió pasar con una identidad falsa, así como la información de inteligencia que da cuenta de que la diputada festejó Año Nuevo con el capo.

Autoridades de la PGR indicaron que por el momento el desafuero se solicita por el uso de documentos falsos, pero existe un expediente abierto en su contra por delitos contra la salud, en el que se indagan hasta dónde llegan sus nexos con Guzmán Loera, y si ella participó de alguna manera en el plan de evasión que se consumó en julio de 2015.

Sobre el caso de Sánchez López, la procuradora dijo que “nosotros tenemos lista la consignación y el desafuero para presentarlo en el Congreso local para que inicie el procedimiento; lo estaremos presentando hoy (viernes) o el lunes. Está documentado, estaría difícil que no lo aceptara, están los videos de su ingreso al penal; está todo y después de la fuga (de “El Chapo” Guzmán) también tenemos elementos documentados sobre sus encuentros”.

Situación legal

De acuerdo con el artículo 111 constitucional, para proceder penalmente contra la diputada Guadalupe Sánchez, el Congreso local declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, sí o no ha lugar a proceder contra la legisladora.

“Si la resolución de la cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo... Para proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales… la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”, señala dicho artículo.

La diputada, quien convivió con Guzmán Loera en Año Nuevo, interpuso tres demandas de amparo para no ser detenida; el Juzgado Tercero de Distrito en Sinaloa concedió una suspensión provisional para que no pueda ser privada de su libertad en caso de existir una orden de presentación.

El 20 de enero elementos de la División de Inteligencia de la Policía Federal cumplimentaron una orden de localización y presentación girada por el Ministerio Público de la Federación cuando la legisladora salía de su domicilio; vía aérea, fue trasladada a la Ciudad de México a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde se reservó su derecho a declarar.

Se dio a conocer que la diputada por el Distrito 16 de Cosalá utilizó la tribuna del Congreso de Sinaloa para oponerse a los operativos de las Fuerzas Armadas cuando se intensificaron las movilizaciones en la zona del Triángulo Dorado para la recaptura de Guzmán Loera.

La legisladora intentó desacreditar a las Fuerzas Armadas y argumentó que se habían violado los derechos de los pobladores de Cosalá, Sinaloa y Tamazula, Durango; cuando en realidad el despliegue fue porque estaba ubicado el narcotraficante en esa zona.